De la exposición en la cámara de diputados el 20 de Agosto de 1959

La inflación lleva a los gobiernos a la engañosa política de los subsidios, con los cuales, en realidad, no se hace otra cosa que disimular, a los ojos del público, el verdadero valor de determinados artículos de consumo. Al paso que la inflación continúa, se hace cada vez mayor el monto del dinero que el gobierno dedica al pago de subsidios. De ese modo crece el déficit, y termina de dibujarse el círculo vicioso de la inflación. Para romper ese círculo, algunos de nuestros vecinos, que dejaron avanzar la enfermedad sin ponerle remedio a tiempo, tienen que resignarse ahora a una política de sacrificio muchísimo más penosa y vasta que la que no ha vacilado en solicitar a los peruanos el gabinete que presido.

Medidas duras para salvar la crisis

El gobierno no presume de tener poderes mágicos para restaurar, por decreto, el valor de la moneda, ni para mejorar instantáneamente, como sería su deseo, el nivel de vida de todos los peruanos. Si se quiere una moneda sana, si se quiere que la vida no encarezca, si se quiere llevar paz a los hogares, si se quiere tener en cuenta las angustias y las legítimas expectativas de amas de casa y padres de familia, hay que aceptar medidas que pueden parecer duras pero que, sin duda, son imprescindibles. En verdad, para pasar de esta orilla de la crisis a la otra de la estabilidad y el bienestar, no queda más remedio que atravesar el vado y resignarse a una cuota de sacrificio que afecta a todos, y que sólo ha hecho y hará excepciones, en la medida de lo posible, en favor de los sectores más necesitados de la población. Incurrirá el gobierno en muy grave responsabilidad si perdiese de vista las finalidades que se ha trazado, por falta de un valor para adoptar las medidas que la situación impone. Sin una excepción, sólo han podido superar crisis como la nuestra los países que han encarado francamente los problemas; los que han puesto, por encima de toda otra consideración, el bienestar permanente del mayor número y han aceptado los momentáneos sacrificios necesarios para alcanzar su objetivo.

El problema presupuestal tiene dos aspectos. Uno se refiere al presupuesto de 1959; el otro, al de 1960. Para 1959, se ha previsto un déficit del orden de los mil millones de soles, según expuso con tanta entereza mi antecesor en la cartera de Hacienda, señor Luis Gallo Porras. Tenemos pues ahora que enfrentarnos al problema de cerrar el ejercicio, en los meses que faltan de aquí a diciembre, sin recurrir a préstamos del Banco de Reserva. Para ese objeto, el gobierno ha tomado ya varias medidas que tienden bien a disminuir los gastos, bien a aumentar las entradas, y estudia otras, algunas de las cuales pueden requerir aprobación legislativa y serán, entonces, sometidas a consideración del Parlamento. No puede pensarse, empero, en aumentar la carga tributaria, ya excesiva, que está agobiando nuestra postrada economía.

Suprimir los subsidios

Para su política presupuestaria de equilibrio, el gobierno, en primer término, habrá de introducir todas las economías posibles, como ya se ha hecho y se seguirá haciendo en todos aquellos renglones cuya supresión o cuya reducción no perjudique el eficaz funcionamiento de las instituciones públicas.

De igual manera, es preciso suprimir los subsidios. Los subsidios son indefendibles porque, como ya he dicho, sólo sirven para disimular transitoriamente los efectos de la inflación a los ojos del público, manteniendo artificialmente bajo el precio de determinados artículos con el dinero proveniente de emisiones de billetes que encarecen todos los demás. Económicamente, son inconvenientes porque desalientan la producción nacional. Financieramente, son desastrosos porque originan o aumentan el déficit presupuestal. Son pues causa de inflación y, por lo tanto, encarecen la vida con mayor daño para los más necesitados, los mismos a quienes con el subsidio se dice defender.

Es preciso también establecer, entre nosotros, el mercado de capitales que capacite al gobierno para atender a sus gastos, en la época en que disminuyen los ingresos, sin necesidad de recurrir al Banco de Reserva. En otros países, cuando los gobiernos tienen apremio de dinero, emiten bonos que colocan en el público. Actualmente, entre nosotros, esa operación no es posible, porque el Estado carece de crédito. Empero, en los más agudos momentos de la crisis de hace casi 30 años, cuando me tocó presidir el Banco de Reserva, se encontró la manera de que la caja fiscal, cuya falencia era completa, hiciera frente a sus obligaciones sin recurrir a emisiones de billetes. Se emitieron entonces, los llamados vales aduaneros cuyo valor en el mundo estaba asegurado, por el hecho de que podían ser utilizados para el pago de impuestos a las aduanas. Aquella experiencia puede aprovecharse y perfeccionarse ahora, y así, en vez de descontar obligaciones del Tesoro en el Banco de Reserva, el gobierno podrá emitir vales tributarios, señalándoles un adecuado tipo de interés. Se lograría introducir en el mercado un papel que contribuirá a restaurar el crédito del Estado y eliminaría la necesidad de recurrir al Banco de Reserva. El respectivo proyecto de ley será remitido próximamente al Parlamento.

Reforma de la Administración

El gobierno tiene clara conciencia de que varias de las medidas que ha tomado y de las que proyecta tomar están encaminadas principalmente a reducir el déficit presupuestal de 1959, y a procurar el balance presupuestal de 1960. Son medidas de urgencia, pero no son todavía medidas de profundidad. No son las medidas radicales que el país necesita, y que deben adoptarse imperativamente. Entre ellas, hay que mencionar la reforma integral de la administración pública.

Entre nosotros, el aparato administrativo ha ido creciendo por generación espontánea. Ha ido creciendo a medida que ha aumentado el número de habitantes, y se ha elevado a los guarismos del Presupuesto. Oficinas y dependencias se han agregado unas a otras, se han añadido unas a otras, sin ningún sentido orgánico y sin ninguna visión de conjunto. Como consecuencia, la maquinaria del Estado muchas veces resulta dispendiosa, estéril, y en una palabra, ineficiente frente a las exigencias de la vida moderna y a la condición general de un país como el nuestro, pobre y atrasado, que necesita irrigaciones, caminos, escuelas, hospitales, puestos de policía, estaciones agrícolas, centros de asistencia técnica. Pero la reforma administrativa requiere tiempo, estudio, comparación con la experiencia en otros países, aparte de enérgica voluntad para llevarla adelante.

Una vez que el gobierno consiga finalmente equilibrar sus gastos y sus ingresos y alcanzar así la estabilidad monetaria eliminando la causa del encarecimiento de la vida, podrá decirse, con fundamento, que su obra es incompleta. Podrá decirse que ha construido el cimiento indispensable, pero que todavía no levanta el edificio. Porque no se trata solamente de abandonar esta orilla de la crisis, sino de alcanzar la otra orilla de la prosperidad. Porque se trata de derrotar la inflación como paso previo imprescindible para procurar, en seguida, el bienestar del mayor número.

Puesta en orden la Hacienda Pública, el gobierno debe aplicar siempre el freno a sus gastos puramente burocráticos, con el fin de disponer de sumas cada vez mayores que puedan dedicarse a obras de promoción y de aliento que mejoren las condiciones de vida de todos los peruanos.

El gobierno no es dueño de las rentas públicas. Es solamente el administrador de las rentas que la Nación entrega al Estado por la vía de los impuestos. Es en cierto modo, el gerente de una vasta asociación que constituimos diez millones de peruanos. Por eso, debe hacer honor a la confianza que en él se deposita. Por eso, debe ser escrupuloso en el empleo de cada centavo, y debe sacar a cada centavo del Tesoro el máximo provecho, porque ese centavo no es suyo sino de los hombres que trabajan y contribuyen al sostenimiento del Fisco. Por eso, debe atender, no lo intereses de un círculo, de un sector o de una determinada clase, sino los intereses de todos los asociados.

Dentro de esa misma filosofía del bien común, yo he dicho, señores representantes, que así como el objetivo de la política financiera del gobierno es el saneamiento de la hacienda y la estabilidad monetaria, el cual puede a mi juicio, alcanzarse en el Plazo de un año, el objetivo de la política económica del gobierno es y no debe ser otro que la elevación del nivel de vida de todos los peruanos.

Me tomo, sin embargo, la libertad de insistir en que no puede pensarse en ninguna construcción sólida, no puede pensarse en superar el atraso ni vencer la miseria, no puede pensarse en explotar nuevas fuentes de riqueza, en ofrecer trabajo a nuestra población en aumento, en alentar capitales propios y atraer los de fuera sin el fundamento de la estabilidad monetaria. Alcanzar esa estabilidad es el primer compromiso que, ante el Parlamento y el país, asume el gabinete que presido.

Dentro del marco de un sólido orden jurídico que ponga a cubierto la actividad productora de medidas arbitrarias que pueden alterar su normal desenvolvimiento, con la base de una moneda estable, con el aliento de la libertad económica, no sólo no van a fugar los capitales del Perú, sino que van a acudir para colaborar con nosotros en la empresa de transformar nuestro país y de mejorar efectivamente las condiciones de existencia de sus habitantes.

Reformas Tributaria y Agraria

En ese sentido, la legislación tributaria debe inspirar confianza en su estabilidad, a fin de desvanecer el temor a cambios imprevistos que hacen imposibles o difíciles los cálculos necesarios para decidirse a inversiones a largo plazo. La reforma tributaria debe suponer la rápida y justa acotación de los impuestos, a base de tasas progresivas que impongan una contribución proporcionalmente más alta a quienes disfrutan de mayores rentas. Debe incluir la reorganización de la entidad que los recauda. Debe contemplar exoneraciones e incentivos para las nuevas industrias siempre que no impliquen desleal competencia para las ya existentes. Debe otorgar tratamiento favorable a las utilidades que se reinvierten en vez de distribuirse en forma de dividendos, y permitir el rápido castigo de la maquinaria y el cálculo de la depreciación a base del costo de reposición. Tales dispositivos deberán incluirse en la ley de industrias cuya pronta aprobación encarezco al Parlamento.